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Minas antipersonalesKarlos Pérez de Armiño y Marta AreizagaArtefactos explosivos que se entierran en el suelo o se camuflan, y que cuentan con una espoleta que se activa al ser pisados o golpeados. Sus principales víctimas son los civiles, ocasionando graves daños humanos y económicos tanto en los conflictos como durante un largo período después de ellos. En las últimas cuatro décadas, las minas antipersonales han sido utilizadas en abundancia por ejércitos y grupos armados en multitud de conflictos, generalmente de forma indiscriminada y como forma de infundir terror en la población y paralizar sus actividades. Aunque no es posible conocer con seguridad su existencia, algunas fuentes hablan de unos 110 millones de minas plantadas en 64 países, algunos de los cuales, como Camboya, Afganistán y Camboya, cuentan cada uno con millones de ellas. A esto habría que añadir la existencia de unos 250 millones de minas almacenadas. Las minas suponen una grave amenaza durante los conflictos, así como una pesada hipoteca para la reactivación económica y la vuelta a la normalidad durante los procesos de rehabilitación posbélica. Esto motivó en los años 90 un notable incremento de la sensibilización y movilización internacional en la materia, tanto por parte de la opinión pública y las ONG como de muchos países. Dado que pueden mantenerse activas varias décadas, las minas constituyen una de las secuelas del conflicto más perniciosas y duraderas: ponen en riesgo la seguridad física de la población, frenan el desarrollo económico y obstaculizan que la sociedad reemprenda una vida normal y en paz (Davies, 1994). Su explosión causa en la comunidad un goteo constante de muertos (unos 10.000 al año), heridos y lisiados. Al margen del consiguiente drama humano, esto representa también una pesada carga para los débiles sistemas sanitarios y de protección social de los países pobres: además de los recursos necesarios para las operaciones quirúrgicas, a los afectados hay que proveerles de prótesis, rehabilitación fisioterapéutica y, a veces, pensiones de incapacidad laboral. Sin embargo, dado que en muchos países tales pensiones no existen o resultan insuficientes, los incapacitados por las minas acaban representando una carga para sus familias, que se ven privadas de los ingresos que pudieran aportar y consiguientemente presentan una mayor vulnerabilidad y más posibilidades de caer en la pobreza. Además, en muchas culturas las mujeres tullidas no son consideradas aptas para el matrimonio, con la consiguiente amenaza para su seguridad económica. Las minas impiden la explotación de los cultivos y pastos, causan importantes pérdidas entre el ganado y, en definitiva, reducen la producción de la población rural e incrementan su vulnerabilidad. Además, al impedir el tránsito y el acceso a determinadas zonas, obstaculizan la ejecución de proyectos de ayuda, al tiempo que dificultan la realización de diferentes estrategias de afrontamiento de las crisis alimentarias (como el comercio o la recogida de alimentos y productos silvestres). Por todo ello, representan una grave amenaza para los medios de sustento y la seguridad alimentaria de la población rural. Otros sectores económicos también se ven afectados, por ejemplo el comercio debido a la inutilización de las vías de comunicación, o la producción industrial, por el minado de las factorías y sus accesos. Igualmente, servicios básicos como escuelas, hospitales o puntos de aprovisionamiento de agua son a veces inutilizables por las minas. Hay que señalar, además, que la mera sospecha de la existencia de minas en una zona puede ocasionar estos perjuicios, aunque en realidad no existan. El mayor riesgo de accidentes lo suelen tener los niños y los retornados. Éstos, en su retorno a casa, con frecuencia deben transitar por caminos o áreas militares minadas. Además, las zonas a las que retornan frecuentemente están minadas (no en vano las zonas más azotadas por la guerra son las que registran un mayor éxodo poblacional), pero ellos pueden desconocer la ubicación exacta de las áreas donde se han instalado. De este modo, afrontar el problema de las minas es una de las prioridades durante y tras los conflictos, a fin de poder abrir las vías de comunicación, garantizar la distribución de la ayuda, recuperar la actividad económica y posibilitar el retorno de los refugiados[Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,ver ACNUR, Refugiado: definición y protección, Refugiados, Campo de, Refugiados: impacto medioambiental, Refugiados medioambientales, Refugiados: problemática y asistencia, Reintegración de refugiadosy desplazados, ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), Salud de los refugiados] y de los desplazados internos. En este sentido, la denominada acción humanitaria sobre las minas (humanitarian mine action) consiste en un enfoque integrado que abarca diferentes actividades para localizar su emplazamiento y eliminarlas, o cuando menos para reducir el peligro de sus daños potenciales: a) Elaboración de mapas de zonas minadas, sobre la base de la información proporcionada por todas las partes, y establecimiento de un banco de datos nacional. b) Señalización de las zonas minadas. c) Campañas de concienciación de la población sobre el peligro de las minas a fin de evitar siniestros. Dos sectores prioritarios son los retornados y los niños. d) Elaboración de un programa de desminado. e) Capacitación como desminadores de soldados acogidos a programas de desmovilización, o de otras personas. f) Detección de las minas y su eliminación en zonas de alta prioridad. Dado que muy probablemente no se disponga de recursos para eliminar todas las minas, es importante comenzar por las carreteras principales y las que serán utilizadas para el retorno de refugiados y desplazados internos, las infraestructuras básicas, las zonas agrícolas importantes y las áreas en las que se espera un alto número de retornados. La detección y desactivación de minas son tareas muy lentas, de alto riesgo físico y costosas: si bien una mina puede adquirirse por unos pocos dólares, su desactivación puede llegar a costar en torno a los mil dólares. Se emplean diferentes métodos, pero cada uno presenta inconvenientes. Así, uno de los más habituales consiste en el barrido del suelo con detectores de metales, pero esto no sirve para las minas fabricadas en plástico, al tiempo que suelen provocar cientos de falsas alarmas por cada artefacto detectado. Otro sistema se basa en el uso de perros, los cuales no pueden trabajar más de dos horas diarias. Recientemente, sin embargo, un instituto holandés ha presentado un nuevo sistema de detección, cofinanciado por la unión europea, basado en un sofisticado mecanismo de fotografías aéreas que podría resultar mucho más rápido. Para planificar y dirigir adecuadamente estas tareas en un determinado país, suele resultar conveniente la creación de una agencia nacional especializada. Sin embargo, algunas ONG internacionales especializadas, como la británica Halo Trust y la francesa Handicap International, suelen asumir la ejecución de buena parte de ellas, al menos mientras que se forma a desminadores nacionales. Los donantes internacionales, y agencias como el pnud, suelen contribuir con apoyo financiero y técnico (equipamiento, asesoramiento, capacitación). Evidentemente, la ayuda internacional también es necesaria a largo plazo para el apoyo a los afectados por accidentes con las minas, proporcionándoles prótesis, rehabilitación física e incluso oportunidades de empleo. Desde hace tiempo, diferentes voces han venido condenando el uso de las minas por ser un arma que viola el derecho internacional humanitario, debido a sus efectos indiscriminados sobre la población civil. Estas críticas arreciaron a partir de 1991, con el inicio de la vigorosa Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas (ICBL), lanzada por numerosas ONG encabezadas por la fundación Vietnam Veterans of America. A la campaña se sumaron después otras ONG, agencias de naciones unidas, así como el Comité Internacional de la cruz roja (CICR), y su eco se multiplicó gracias a la concesión en 1997 del Premio Nobel de la Paz. La campaña fue decisiva no sólo en cuanto a la sensibilización, sino que representó también un claro ejemplo de las posibilidades que encierran las actividades de presión política ejercidas desde la sociedad civil y las ONG, y su potencial incidencia en las relaciones internacionales. En efecto, a la vista de la falta de avances en la Conferencia de Revisión de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, tratado que regula la utilización de las minas, durante su última sesión (abril y mayor de 1996) los miembros de la campaña presionaron para iniciar el llamado proceso de Ottawa, tendente a la elaboración de un tratado de prohibición total de las minas. El proceso, patrocinado por el gobierno de Canadá y apoyado por más de un centenar de países y numerosas agencias y ONG, desembocó en la aprobación en diciembre de 1997 del conocido como Tratado de Ottawa sobre la prohibición de minas antipersonales. Los Estados Parte de dicho Tratado se comprometen, bajo toda circunstancia, a no usar, desarrollar, producir, adquirir, almacenar, conservar o transferir a otros minas antipersonales. Igualmente, se compromenten a destruir las minas de que dispongan, salvo una cantidad mínima (no precisada) destinada a la investigación o entrenamiento en materia de desactivación. El Tratado obliga también a los Estados que lo han ratificado a limpiar de minas su territorio en 10 años, aunque se prevén aplazamientos para este período. Además, su artículo 6 dispone que cada Estado tiene derecho a buscar y recibir ayuda internacional para el desminado de aquellos países que tengan recursos para ello, algo de suma importancia al implicar la existencia de una responsabilidad de la comunidad internacional en la materia (Landmine Monitor, 1999). El tratado entró en vigor el 23 de abril de 1999, al pasar seis meses después de que fuera ratificado por el cuatrigésimo Estado, de conformidad con lo establecido. Para otoño del año 2000 había sido ratificado ya por un centenar de países (España lo hizo el 19 de enero de 1999), si bien algunos Estados importantes no lo han hecho, entre los que destacan EE.UU., Rusia, China, India, Israel, Cuba, las dos Coreas, o Irak (ICBL, 2000). Las reticencias del gobierno norteamericano ante el proceso de Ottawa y su desvinculación del mismo es uno de los principales puntos débiles del Tratado. Sin embargo, éste ha representado un gran paso adelante, siendo la extensión de su ratificación por más Estados y su cumplimiento efectivo los objetivos prioritarios actuales de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas. K. P., con M. A. Bibliografía
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