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Natalidad, Políticas de control de laKarlos Pérez de Armiño y Norma VázquezConjunto de programas y actividades realizadas por los organismos públicos orientados a regular la natalidad, con objeto de promover bien su reducción o bien su incremento. Los programas de control de la natalidad o de planificación familiar consisten en la adopción de determinadas medidas con el objetivo de controlar el crecimiento de la población. Esta regulación se lleva a cabo en cada país de acuerdo a diferentes factores socioeconómicos, políticos y culturales, por lo que básicamente se puede hablar de dos tipos de políticas de control de la natalidad: las antinatalistas en los países pobres, para limitar el número de nacimientos, y las pronatalistas en los países desarrollados, orientadas a fomentar la elevación de sus bajas tasas de natalidad. Las políticas de fomento de la fecundidad han sido características de los períodos de posguerra. Por ejemplo, en los años posteriores a la I Guerra Mundial, los países europeos llevaron a cabo reformas para promover la procreación otorgando subsidios a las madres que se dedicaran exclusivamente al cuidado de su prole y dirigiendo campañas de exaltación de la figura materna y la función social de la maternidad. Bock y Thane (1991) han recopilado una serie de estudios sobre las políticas de género en los Estados de bienestar europeos entre 1880 y 1950, destacando que las preocupaciones demográficas de la época estuvieron acompañadas de una apología del nacionalismo y la calidad de la raza, teñida de matices eurocéntricos y de la creencia en la superioridad occidental. Por el contrario, las políticas antinatalistas han sido impulsadas con profusión durante las últimas décadas en los países en desarrollo, en los que la tasa de crecimiento demográfico sigue siendo alta al no haberse completado la transición demográfica (ver demografía). El empeño a favor de tales políticas, tanto entre los gobiernos de dichos países como entre los donantes de ayuda internacional, ha venido alentado, no sólo pero sí en buena medida, por los enfoques neomalthusianos que han argumentado que la pobreza y el subdesarrollo son consecuencia fundamentalmente del fuerte crecimiento demográfico. Muchos de estos programas carecen de un componente de educación sexual o de información sobre las consecuencias de los métodos anticonceptivos en la salud de las mujeres. Además, a fin de bajar la tasa de natalidad a toda costa, a veces se ha recurrido a implementar programas de anticoncepción forzosa sin el consentimiento de las mujeres, recurriendo a la presión o al engaño, lo cual representa una clara vulneración de sus derechos. En este sentido, por ejemplo, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM (Tamayo, 1999), denunció en 1999 el Programa de Planificación Familiar del gobierno peruano de Alberto Fujimori por recurrir a la esterilización sin consentimiento, mediante la coacción e incluso la amenaza, de las mujeres de poblaciones rurales e indígenas en extrema pobreza, para cumplir las metas fijadas de reducción de la población. Lo cierto es que, salvo en los casos de medidas tremendamente coercitivas, como la política aplicada en Perú o la del “hijo único” en China, los resultados de las políticas antinatalistas no han obtenido los resultados que se proponían. El informe sobre América Latina presentado por CEPAL (1998) y CELADE en la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo de El Cairo de 1994, señalaba que el descenso de la fecundidad no había tenido la misma intensidad en todos los grupos sociales y que las tasas más altas de fecundidad seguían estando entre la población marginada, de lo que deducía la inequidad de los programas de planificación familiar. Una característica común de las políticas pronatalistas y de las antinatalistas es que ambas están centradas en las mujeres. Ellas son las principales destinatarias de los mensajes que exaltan la maternidad cuando se les anima a la procreación, o las que deben asumir la preocupación por el futuro de su prole y asimilar los discursos antinatalistas sobre la mejor calidad de vida en familias más reducidas. Del mismo modo, ellas son la población meta bien de los incentivos a la fecundidad o bien de la distribución de anticonceptivos, medidas que casi nunca se acompañan de políticas de información y cuidado de la salud de las mujeres (ver género y salud; derechos sexuales y reproductivos). En las últimas décadas, las decisiones sobre las políticas de control de la natalidad han desbordado las fronteras nacionales y se han convertido en tema de creciente preocupación mundial. En 1967 las naciones unidas crearon el fnuap (Fondo de las Naciones Unidas para las Actividades en Materia de Población), que ha organizado tres Conferencias Mundiales de Población: en Bucarest (1974), en México (1984) y en El Cairo (1994). Estas conferencias, celebradas cada diez años, han constituido el colofón de diversos encuentros y conferencias de carácter político y científico celebrados con anterioridad. De este modo, las tres han constituido hitos importantes en la elaboración de las políticas de control de la natalidad, al tiempo que las discusiones y resoluciones de cada una de ellas han reflejado las diversas perspectivas teóricas y políticas predominantes en su década. La I Conferencia, la de Bucarest (1974), se celebró en una década en la que el neomalthusianismo estaba en boga. En su opinión, el fuerte crecimiento demográfico obstaculizaba el desarrollo al reducir el ahorro y la capacidad de inversión estatal, razón por la que alentó el reparto masivo y gratuito de anticonceptivos en los países pobres. De este modo, la discusión de la conferencia giró en torno al impacto del crecimiento poblacional sobre el subdesarrollo, enfrentando ideológica y políticamente al neomalthusianismo y sus críticos. En la primera línea se situaron los países desarrollados, encabezados por EE.UU., y las organizaciones internacionales afines, como el banco mundial. Las posturas antimalthusianas fueron defendidas por el bloque socialista y diversos países del tercer mundo, que culpaban del subdesarrollo al colonialismo y a la dependencia Norte-Sur. El choque de posturas se saldó con una conclusión ecléctica: por un lado se aceptó en parte la visión antimalthusiana de que el crecimiento demográfico no era la única causa del subdesarrollo, pero por otro lado se asumió la propuesta malthusiana de llevar a cabo políticas de control de la natalidad. En consecuencia, se proclamó la necesidad de que las políticas antinatalistas se inscribieran en estrategias de desarrollo más amplias, y se basaran en el derecho de las mujeres y familias a la planificación familiar. En la II Conferencia, de México (1984), perduraron algunos rasgos neomalthusianos, manteniéndose la presión a los países pobres para que redujeran sus tasas de natalidad. Sin embargo, tales rasgos quedaron moderados por una visión más amplia de la relación población-desarrollo y una mejor comprensión de los comportamientos reproductivos. La conferencia puso el acento en que el rápido crecimiento de la población dificultaba la expansión de los servicios de educación y salud, y por tanto del desarrollo de los recursos humanos, en consonancia con la visión en auge esa década de que la formación de capital humano era la fuerza motriz del desarrollo. En este sentido, se reconoció que la disminución de la fecundidad se ve obstaculizada por factores como la pobreza, el bajo nivel de instrucción de las mujeres y su subordinación social. También se comenzó a expresar la preocupación por problemas como la rápida urbanización y las migraciones. En definitiva, se subrayó la necesidad de que las políticas de control de la natalidad partan del reconocimiento de los estrechos vínculos existentes entre la población, los recursos, el medio ambiente y el desarrollo. La III Conferencia, de El Cairo (1994), presentó novedades y avances importantes, en gran medida derivados del nuevo escenario internacional más complejo, así como por estos otros factores: a) la creciente preocupación existente por la relación entre el desarrollo y el medio ambiente, plasmada en la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada dos años antes en Río de Janeiro; b) el desarrollo del movimiento de mujeres, que logró una mayor articulación para defender en esta reunión sus enfoques y los derechos femeninos; c) la aparición de conceptos como derechos sexuales y reproductivos y salud reproductiva, como componentes de los derechos humanos de las mujeres que deben ser protegidos y garantizados, y d) el reconocimiento de la importancia de la educación en sexualidad y de la modificación de hábitos y creencias sexuales, de cara a hacer viable cualquier política de control de la natalidad que no vulnere los derechos de las personas. Respecto a las conferencias anteriores, el Programa de Acción de El Cairo aporta sobre todo dos novedades. En primer lugar, en el plano del análisis, subrayó la estrecha relación que existe entre las políticas de población y el desarrollo económico, social, medioambiental y de los derechos humanos. En otras palabras, desde una concepción del control de la natalidad con un criterio meramente demográfico, se avanzó hacia la integración de los objetivos demográficos dentro de políticas más globales de desarrollo sostenible y lucha contra la pobreza. En segundo lugar, se asumió como estrategia la mejora de la condición de la mujer, su igualdad y su empoderamiento, como clave de los procesos de desarrollo, lo cual se plasmó en la asunción, por primera vez, de los conceptos de derechos reproductivos y de salud reproductiva. En este sentido, por ejemplo, se afirmaba el objetivo de reducir los embarazos no deseados mediante la educación sanitaria sexual y la mejora y ampliación de los servicios de planificación familiar. Del mismo modo, se consiguieron avances importantes en la concreción de diferentes objetivos y compromisos en cuanto a la reducción de la mortalidad materno-infantil, la disminución de los embarazos no deseados, la educación de las mujeres, etc. La conferencia presenció el enfrentamiento entre dos posturas: la de los que, desde una concepción laica de la sociedad, defienden los derechos individuales en materia de sexualidad y reproducción; y la de quienes entienden que éstos deben ser restringidos por el Estado basándose en determinados valores éticos y creencias religiosas. Este segundo grupo, integrado por el Vaticano y diferentes países latinoamericanos y musulmanes, cuestionaron varios conceptos, como el de “salud reproductiva” o “pareja”, al considerar que resultan ambiguos y que no hacen referencia clara a la pareja heterosexual con un vínculo legal y religioso, la única que consideran que puede ser reconocida como sujeto de derechos en materia de reproducción. En este sentido, uno de los debates más fuertes se suscitó en torno a la legalización de los anticonceptivos no naturales y del aborto. A pesar de ello, por primera vez se llamó a los gobiernos a abordar el problema del aborto inseguro o en malas condiciones, por considerarlo como una de las principales causas de mortalidad maternal y ser un importante asunto de salud pública. N. V. y K. P. Bibliografía
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